ICOMOS - PERÚ

Comité Peruano del Consejo Internacional
de Monumentos y Sitios

DELITO DE OPINIÓN. EL CUSCO COMO BOTÍN

Nicolás Lynch. – Ex Ministro de Educación

La virulenta reacción del pueblo del cusco contra un intento más de saquear el patrimonio nacional está plenamente justificada. La ley aprobada en el congreso que permite las concesiones a privados dentro de monumentos históricos es, desafortunadamente, otro episodio de rapiña, de los tantos que ya ha visto nuestra historia. La apurada corrección que permite a cada gobierno regional decidir no es sino una muestra más de la impotencia de los que gobiernan, que no se atreven siquiera a hacer leyes para toda la nación. Es falso, como quieren hacer ver los extraviados portavoces de la derecha, que el tema tenga que ver con atraer o ahuyentar la inversión privada en la industria turística. Los inversionistas serios saben que en ninguna parte del mundo está permitido poner negocios dentro de los monumentos históricos. ¿Han visto acaso un Mcdonald en las pirámides de Egipto, la muralla china, Notre dame o el Lincoln memorial? jamás. A nadie se le ocurre.

Salvo, por supuesto, en nuestro querido país. Aquí, debido al debilitamiento de la autoridad pública, causada por la soberbia neoliberal que vivimos, se quiere abusar de nuestro patrimonio histórico, convirtiéndolo a él mismo en mercancía. Porque una cosa es el negocio que permite acceder al conocimiento y gozo de los monumentos en cuestión y otra, muy distinta, considerarlos a ellos mismos como piezas de cambio. Por ello decimos que si una porción o parte del patrimonio se puede ceder, aunque sea temporalmente, a privados, pierde su naturaleza de bien público y ve amenazada su condición misma de patrimonio nacional.

La malhadada ley, por lo tanto, no solo tiene que ver con la regulación de un aspecto del negocio turístico, sino, mucho más que eso, con sacar del dominio público algo que es de todos y que, además, conforma una de las vigas maestras en las que se basa nuestra identidad como peruanos. No es, de ninguna manera, exagerada por ello la comparación con la expoliación colonial que se ha hecho durante siglos de nuestras riquezas y que se ha seguido haciendo durante la república. ¿Quiénes la hacen? aquellos que no tienen identidad con el país. No es casual que esto ocurra luego de que se ha aprobado el TLC, ese nuevo contrato grace que pretende someternos aún más al poder imperial. Uno ha sido ensayo para el otro. Debemos por ello aprender y no dejar pasar este nuevo brulote que afecta nuestra entraña misma. Tampoco es casual que el nido de la protesta venga una vez más del cusco. Ese pueblo rebelde y antiguo es cuna de nuestra nacionalidad y, por tener buena parte de nuestros significativos monumentos, tiene una especial sensibilidad frente al tema. Además, ha sido testigo como ninguno del asalto al que nos han sometido conquistadores, virreyes y dictadores. ¿Por qué va a tener miedo a estos pizarros de salón que nos gobiernan?

Pronunciamiento

Algunas reflexiones relacionadas con las “Leyes 29164, Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles, Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación; 29167- Ley que establece el Procedimiento Especial y Transitorio para las Licencias de Edificación, Ampliación o Remodelación de Establecimientos de Hospedaje y 29202 Ley que precisa los alcances de las Leyes 29164 y 29167.  En el considerando previo de la ley 29164 que señala su objetivo, parecería que beneficia a nuestro patrimonio cultural (que aunque no lo indica alude al patrimonio arqueológico), pero luego en los artículos, todo se refiere a la modalidad de concesiones y cómo se distribuirán los beneficios económicos que resulten de los mismos.

Ojala hubiese sido una “Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de los Bienes Inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural Arqueológico e Histórico Artístico de la Nación”, que hasta la fecha no existe sino en meras declaraciones. Más aún el Gobierno Central a través del Instituto Nacional de Cultura no ha elaborado una auténtica Ley del Patrimonio Cultural de la Nación, pues las leyes que se dieron y la más reciente Ley Nº 28296 (21.07.2004) que reemplazó a la Ley 24047 de 1985, son atentatorias a nuestro Patrimonio Cultural. Por esta razón la Ley 28296 debería derogarse y una vez por todas contar con un dispositivo técnico-legal que incluya entre otros aspectos el de la inversión económica, sea de fuente estatal como de la privada debidamente señalada en el reglamento de la Ley. Así se evitaría la frondosidad de leyes sobre aspectos parciales de lo que debería ser un dispositivo debidamente elaborado con la participación de personas idóneas, que por su calificación reconocida en estos temas de su especialidad, aporten a normas de tanta trascendencia para no solamente nuestra economía sino sobre todo para la dignificación de nuestra sociedad y su cultura.

Leyes que sólo favorecen a inversiones en hoteles de 5 estrellas y restaurantes de 4 tenedores y que por lo tanto discriminan a toda forma de economías locales y más aún a las comunidades nativas ancestralmente asentadas en bienes culturales, las que desde luego, sobre todo punto de vista son discriminatorias e indeseables para el país.

Más aún, el carácter pernicioso de estas Leyes se hace más agudo cuanto no fueron consultadas y menos consensuadas con las poblaciones directamente afectadas y por que su pobreza conceptual demuestra un profundo desconocimiento del país y del sentido vinculante y holístico del Patrimonio Cultural.

Es en consecuencia, responsabilidad irrenunciable del Estado afrontar esta fundamental acción de diseñar la política cultural, y si bien debe ser promotor de inversiones privadas, de ningún modo debe autorizar las concesiones de los sitios arqueológicos como lo señala la Ley Nº 29164.

Consideramos que el Patrimonio Cultural y el Natural deben integrarse, y en tal sentido los recursos económicos para la detección, investigación, conservación y puesta en valor de nuestros bienes culturales y naturales puedan provenir tanto del Estado en sus niveles central, regional y local, como de la iniciativa privada que ya ha demostrado sus beneficios, como por ejemplo el Consorcio Backus para los trabajos en la Huaca de la Luna y la del Banco Wiesse en la Huaca El Brujo. Más aún, es bienvenida la ayuda proveniente del extranjero, pero bajo reglas claras de intervención y alcances como se viene produciendo con algunas misiones extranjeras debidamente autorizadas por el INC por lo que resulta obsoleta la Ley que motiva este comentario.

En definitiva, no hay negativa a la intervención de la inversión privada nacional o extranjera, muy por el contrario. Debemos recordar que el Perú, por encargo especial de la UNESCO, y como miembro fundador del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) sustentó la moción sobre Turismo Cultural en ocasión de la IV Conferencia Regional de Comisiones Nacionales de la UNESCO en el Hemisferio Occidental (México 1967) siendo así pionero en esta política de incorporar el Patrimonio al Turismo para políticas de desarrollo socio-económico.

El Plan COPESCO en el eje Cusco-Puno es un buen ejemplo de ello. En aquella ocasión se contó con la intervención del gobierno central a través del Ministerio de Transporte, Educación (INC), Ministerio de Industria y Turismo, gobiernos locales, el BID, el PNUD, la UNESCO y desde luego del capital privado, cuya participación, se materializó en la dotación de infraestructura de servicios turísticos sobre todo de alojamiento, contando con la oportuna fiscalización de las autoridades pertinentes (INC-Municipio). Un ejemplo digno de resaltar es el de la adecuación del antiguo Seminario San Antonio Abad del Cusco para el Hotel Monasterio, este notable monumento histórico, al igual que muchos otros, permanecía desocupado durante 20 años y en proceso paulatino de destrucción. Otros ejemplos financiados por la Corporación de Turismo del Perú fueron los inmuebles conocidos como la casa del Inca Garcilaso de la Vega, el Palacio del Almirante, la casa Oliart, etc. Su adecuada restauración y uso hoy nos permite apreciar estos bienes culturales que dinamizan la vida de la ciudad imperial.

En la ciudad de Arequipa, bastaría citar el Monasterio de Santa Catalina, considerado un buen ejemplo de patrimonio cultural al servicio de la cultura y del turismo.

No hay pues negativa ni actitudes “retrógradas” y de oposición a la inversión de capitales privados como se pretende hacer ver, sino, como lo demuestran, datos concretos proporcionados por la Dirección Regional de Turismo del Cusco que señala:

“El turismo es la actividad económica más importante del Cusco, de eso no hay ninguna duda. Tres de cada diez soles que ingresan a las arcas de la región provienen del turismo (30% del PBI), actividad que emplea al 22% de la población; le sigue la agricultura que aporta el 25% del PBI, pero emplea al 42% de la población y finalmente, el sector energía.

En el 2007, sólo la actividad turística representó para el Cusco 420 millones de dólares. Veamos ahora cómo se distribuyeron esos ingresos.

Según cálculos de la Dirección Regional de Truismo, la mitad de esos recursos

(210 millones) se quedó en poder de 20 grandes empresas turísticas que no reinvierten en la región en esa misma proporción. El otro 50% se repartió entre las microempresas de taxistas, las agencias de viajes, los artesanos, los guías y otros servicios menores vinculados al turismo.

De los 210 millones  - dice Jean Paúl Benavente, Director Regional de Turismo – la empresa Perú Rail (la operadora monopólica de la línea férrea Cusco Machu Picchu) se queda con el 20%, los hoteles de 4 y 5 estrellas con el 15% y las instituciones públicas como el INC y las municipalidades con el 7.5% (por los ingresos a los monumentos arqueológicos que se reinvierten en su conservación).”

El caso de la Huaca Pucllana, que los autores de la ley que hoy comentamos, presentan como un ejemplo paradigmático de sus beneficios, debemos aclarar que fue la inversión pública (Municipalidad de Miraflores), la que inició la recuperación técnico-científica de lo que todavía permanecía en pie del vasto complejo arqueológico que el brutal expansionismo urbanizador redujo a lo que hoy existe. Estas obras de investigación arqueológica prosiguen bajo la dirección de la arqueóloga Dra. Isabel Flores.

El restaurante que funciona en la Huaca Pucllana desde el año 2001 usufructuó los beneficios del resultado de los trabajos arqueológicos que se venían haciendo desde 1981, y no como se pretende hacer creer que ha sido a la inversa.

Es necesario precisar que los bienes patrimoniales arqueológicos e histórico-artísticos representan no solamente un incuestionable valor cultural sino también económico  y social. Además el desarrollo no es sólo crecimiento económico y debe tener en cuenta prioritariamente al ser humano como sujeto y objeto de la transformación de su entorno físico y social.

Para garantizar la integridad y adecuada presentación de los sitios y monumentos arqueológicos es necesario que se identifiquen en planos catastrales y se precise caso por caso, la naturaleza y los límites de las intervenciones en cada una de las zonas calificadas como: intangible, de uso compartido y de amortiguamiento. De lo contrario, en el afán de atraer inversiones, la infraestructura de servicios turísticos puede ubicarse en un espacio que altere el paisaje cultural y natural del entorno, así como el paisaje social cercano a los sitios arqueológicos, produciendo su degradación si es que una eficaz supervisión no hace el seguimiento respectivo.

Además la puesta en valor de un sitio o monumento arqueológico requiere de la elaboración de dos instrumentos técnicos fundamentales:

a)   Un Plan Maestro, que incluya a los bienes culturales dentro de una planificación integral, sustentada en la evaluación y correspondiente calificación de cada realidad socio cultural, a fin de identificar y priorizar sus problemas y formular por parte de un equipo multidisciplinario, las acciones a tomar, debiendo para tal efecto lograr la participación de la comunidad, la sociedad civil y del estado central, regional y local.

b)   Un Plan de Manejo del sitio o monumento arqueológico, que defina en detalle las acciones de gestión para garantizar la preservación, conservación y puesta en valor del bien cultural. Este instrumento técnico debe ser elaborado por un equipo multidisciplinario liderado por arqueólogos, con la participación de profesionales vinculados a la investigación y conservación de monumentos, a la conservación del paisaje natural y a las acciones de responsabilidad social respecto a las poblaciones del entorno.

Es necesario que en las obras de conservación y restauración participe la comunidad local, con la finalidad de que se identifique con la significación del monumento, colabore en su defensa y mantenimiento, y se beneficie con las inversiones que se realicen en la ejecución de las obras. Este hecho se viene produciendo desde hace varios años en el sitio arqueológico de Caral.

Se debe señalar que la definición de “Puesta en valor” de los monumentos arqueológicos se fundamenta en el respeto a la autenticidad del testimonio, que faciliten su conocimiento y permitan la apreciación de sus valores.

Las consideraciones expuestas tienen por finalidad llamar a la reflexión y serena actuación de quienes tienen la responsabilidad de legislar sobre temas tan delicados y necesarios para propender a nuestro verdadero desarrollo social, económico y cultural.

-    Ing. Carlos Somocurcio Vilchez  

      Presidente del Club Departamental Cusco de Lima

-    Ing. Carlos Ruiz Caro Nim

Presidente del Instituto Americano de Arte – Cusco

-    Arq. Víctor Pimentel Gurmendi

-    Dr. Arq. Walter Alva Alva

-    Dra. Arq. Ruth Shady Solís

-    Dra. Mariana Mould de Pease

-    Dr. Uriel García Cáceres

-    Dra. Alfonsina Barrionuevo

-    Dra. Enma Velazco de Thorne

Lima 10 de Marzo del 2008

Carta Abierta de los Cusqueños

Los Cusqueños, hemos estado las últimas semanas en la retina de la nacional, a consecuencia de la convulsión social, generada por la aprobación en el Congreso de la República de las polémicas Leyes 29164 y 29167, referidas  a incentivos y facilidades para la inversión en contextos de Valor Patrimonial.

La Prensa Nacional ha esquematizado el Proceso en dos clichés: “Los Cusqueños son majaderos y chauvinistas” y “se oponen a leyes que solo buscan el desarrollo”… ¿es tan cierto esto?... La respuesta es NO.

Leyes que solo favorecen a inversiones en hoteles de 4 y 5 estrellas (y sus equivalentes en restaurantes) y que por lo tanto discriminan a toda forma de economías locales y más aún a las comunidades nativas ancestralmente asentadas en bienes culturales son desde todo punto de vista discriminatorias e indeseables para el país.

Más aún, el carácter pernicioso de estas Leyes se hace más agudo cuanto no fueron consultadas y menos consensuadas con las poblaciones directamente afectadas y por que su pobreza conceptual demuestra un profundo desconocimiento del país y del sentido vinculante y holístico del Patrimonio Cultural. Basta con preguntarnos:

1. ¿Cuántos de estos sitios patrimoniales constituyen destinos turísticos suficientemente maduros, como para justificar hoteles de 4 o 5 estrellas o restaurantes de más de 4 tenedores?
2. ¿Cuántos terrenos de propiedad pública se posee alrededor de tales sitios patrimoniales o en las denominadas zonas aledañas o de amortiguamiento?
3. ¿Cuántos sitios patrimoniales tendrían en Cusco posibilidades de integrar armoniosamente y sin perjuicio de su Patrimonio a edificaciones de más de 2,000 M2 (que es lo mismo que requieren hoteles de 4 y 5 estrellas)

La respuesta obvia en todos los casos es “ninguno”; los que demuestran el profundo desconocimiento de la realidad nacional de quienes elaboraron dichas leyes, y de quienes hoy la defienden tratando de hacernos ver a los Cusqueños como seres irracionales, sin una visión de futuro, que nos negamos al progreso y a aprovechar las oportunidades que nos legaron nuestros antepasados y la naturaleza.

Como era de esperarse, la reacción del pueblo del Cusco, que es especialmente sensible a temas que podrían afectar su legado histórico (sentimiento además encomiable, que mal hacen nuestros dirigentes nacionales en satanizar y menospreciar), no se hizo esperar, mediante comunicaciones y movilizaciones inicialmente y finalmente en paros y actos de violencia desmesurados y totalmente censurables sin duda; sobre todo después que la Ley 29164 no fuera derogada y solo fuera tibiamente modificada.

Valgan verdades la modificación de la ley no resuelve sus clamorosos despropósitos (admitidos incluso por la intelectualidad entendida en el tema). Solamente la hace inofensiva (restringida) en las regiones donde sus autoridades mediante una ordenanza así lo decidan.

Si bien en términos fácticos esto hubiera sido importante para bajar la tensión del tema, la falta de una adecuada información, por los autores de la misma generó desconfianza y confusión, restándole toda opción de salida al problema.

De otro lado, los Cusqueños y todos los peruanos debemos lamentar las declaraciones de altos funcionarios del gobierno central, que salen a la prensa nacional e internacional, a decir que la Ciudad del Cusco no será más sede de las reuniones previstas para el APEC, por considerarla un destino inseguro. Un país que como el Perú quiere consolidarse como un destino Turístico de primer orden en Latinoamérica y el mundo y, hacer de esta actividad uno de los pilares de su desarrollo y la generación de empleo, NO puede darse el lujo de decirle al mundo por sus más altos representantes que su principal destino turístico es inseguro. ¿Será que el “Crecimiento macroeconómico” nos esta conduciendo a una soberbia que impide ver que el desarrollo es algo más que cifras en las estadísticas? ¿DONDE ESTAMOS?

¿Y Quienes son los responsables de este problema?

En este juego de responsabilidades, el estado Central es culpable de ver desde el balcón el caos por él generado, a través de su incapacidad de leer los procesos sociales. No es acaso, responsabilidad del gobierno nacional garantizar la seguridad de todos los peruanos y sus visitantes, o nos están diciendo que no son capaces de hacerlo; o peor aún que no desean hacerlo.

En otro escalón de responsables se encuentran algunos dirigentes obtusos y cavernarios que aprovechan el encomiable apego de los cusqueños por su patrimonio; para intentar a través de paros, manifestaciones y violencia en general, hacer apología hacia sus particulares, mezquinos, digitados y trasnochados intereses políticos e ideológicos.

Más abajo y no menos comprometidas, se encuentran las autoridades regionales y locales indecisas y sin autoridad, que miden cada acto suyo por el filtro de la aceptación popular y que se supeditan por su inseguridad a la barbarie generada por los cavernarios.

Retornando al plano técnico de las leyes, estamos seguros, que más del 90% de los destinos culturales, lo que requiere son pequeños paradores, donde se puedan encontrar un centro de interpretación, información, servicios básicos de calidad, exhibición venta de las artesanías y souvenirs locales, que muy bien pueden ser operados en alianza con las comunidades aledañas a dicho y no Hoteles de 4 o 5 estrellas o restaurantes de más de 4 tenedores. Si no recordemos el ejemplo que se nos quiere poner a todo el Perú siempre desde Lima, el restaurante de la Huanca Pucllana, que además esta en un entorno absolutamente urbano de la zona más residencial de Lima cuando inicio sus operaciones ¿era acaso un restaurante de 4 tenedores?

No era preferible acaso que dentro de la nueva ley de Turismo que se encuentra en elaboración se incluyan los artículos necesarios que promuevan la inversión, en la prestación de servicios turísticos, cercanos a nuestros destinos patrimoniales, de una manera inclusiva, que incluya no solo los bienes públicos, si no sobre todos los terrenos de comunidades campesinas y nativas, que en la mayoría de los casos son los propietarios de los terrenos circundantes y donde se encuentran estos sitios patrimoniales, y de pequeños propietarios privados, que en la actualidad son marginados de toda actividad relacionada a la prestación de dichos servicios.

Solo así se podrá hacer del turismo eso que debe ser una aspiración nacional. Una actividad generadora de riqueza para todos, sostenida y sustentable en el tiempo, comprometida con la preservación de nuestro patrimonio cultural y natural.

¿Las aguas volverán a su cauce?

El Gobierno Regional de Cusco, acaba de tomar una decisión, que puede ser su primer acierto en mucho tiempo: Poner en manos del tribunal constitucional la pertinencia de las leyes en cuestión. Es decir reconocer que el fuero constitucional es la instancia a quien le corresponda dirimir la vigencia o no de una ley que se considera inaparente y discriminatoria; lo que muestra una señal esperanzadora de madurez que puede calmar las tempestades.

Por otro lado… Los Cusqueños que ya se manifestaron por la Paz en muchas oportunidades están organizando una gran demostración para la próxima semana.

Tenemos noticias que las más diversas fuerzas sociales, incluidas las dirigencias radicales, estarían dispuestas  a marchar por la paz. Condición indispensable será pues deponer actitudes extremas y dejar de lado las rencillas y mirar más allá. Cusco es la ciudad más cosmopolita del Perú, y debe actuar con la responsabilidad que eso significa.

¿Podremos hacerlo los Cusqueños? Confiamos que sí.

 Suscribimos la presente:

Fernando Ruiz Caro V., José Ignacio Lambarri, Boris Gómez L., Carlos Milla Vidal, Ricardo Ruiz Caro V., Salustio Otazu M., Adriana Valcárcel M., Enrique Velarde, Raúl Montes, Roger Valencia, Oscar Chara C., Viviana Caparó; Miguel Zamora S., Silvia Uscamayta, Orlando Andrade Y., Janina Paucar V., Liliana Manga, Carlos Gonzáles, Ligia De la Vega, Julio López Del Aguila, Roberto Alarcón, Marco Ochoa, Maritza Paliza F., Gerardo Villafuerte, Mijail Moscoso, Marco Rozas, Esther Yabar V., Percy  Roque Mayta, Cristian Dávila C., Marco Navarro P., Gustavo Barberis R., Alfonso Gálvez V., Antonio Aubert.

Sitios y Monumentos Arqueológicos: Patrimonio Cultural de la Nación y

 Concesiones turísticas

El 19 de diciembre del 2007 fue promulgada la Ley 29164,  con el nombre “Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles, integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación”, con la finalidad de entregar en concesión los sitios arqueológicos para la construcción de restaurantes y hoteles, de una categoría mínima de cuatro tenedores y cuatro estrellas, respectivamente. La Ley ha sido promulgada a pesar que oportunamente el Colegio de Arqueólogos hiciera de conocimiento de los congresistas los errores en los cuales se incurriría.

1. Desde una perspectiva técnica, el contenido de esta Ley revela  desconocimiento sobre los criterios que se aplican para la conservación del patrimonio cultural a nivel mundial y la falta de asesoría de los profesionales especializados en la conservación de bienes culturales inmuebles.

   La Ley ignora que los sitios arqueológicos con evidencias arquitectónicas fueron construidos por una sociedad bajo regulaciones culturales, que se expresaron en el diseño, el estilo y la tecnología; y si el sitio tuvo una traza urbana, ésta refleja un diseño arquitectónico,  que concertó a los  componentes construidos en un espacio. Por tanto, los edificios estuvieron integrados en un espacio y éste expresa el ordenamiento urbano; los edificios y el espacio entre ellos componen un paisaje cultural. La construcción de un edificio moderno en alguna parte de ese espacio distorsiona el diseño, altera el paisaje, atenta contra la integridad urbana y, por tanto, destruye sus valores, urbanístico, histórico, cultural y social.

   Estos criterios técnicos han sido difundidos por UNESCO e ICOMOS  a escala nacional e internacional  para preservar la integridad de los sitios y monumentos, entre si y con el ambiente que los rodea. Justamente,  el año 2007 fue denominado por ICOMOS como Año de “Los Paisajes Culturales y Los Monumentos Naturales”. Como prueba del desconocimiento de nuestros políticos podemos señalar que no se menciona en la Ley al Plan de Manejo, que debe ser elaborado para cada sitio que se pone en valor y menos se refiere a la zonificación, que debe ser determinada por los arqueólogos: la zona intangible, que no debe ser ocupada;  la zona de uso compartido,  con los pobladores que han ocupado un espacio no construido pero bajo regulaciones específicas, dadas por el especialista para preservar el contenido debajo del suelo; y la zona de amortiguamiento, para proteger el paisaje. Se hace evidente que los autores de la Ley no han buscado conocer los criterios de las instituciones mencionadas ni se han asesorado con profesionales del campo de la conservación cultural.

    

2. Desde la perspectiva cultural y social,  al parecer, los autores de esta Ley no reconocen  que los sitios arqueológicos, declarados o sin declarar,  forman parte del patrimonio cultural de la nación peruana, de hoy y del futuro. Ella es su única propietaria; y que es deber del Estado proteger estos bienes y conservarlos en su integridad.

   En la Ley han prevalecido los intereses de un grupo económico vinculado al negocio turístico, con poder político. Ella no refleja los intereses de las poblaciones del entorno de los sitios arqueológicos, las cuales, en nuestro país, no cuentan con los recursos económicos  para instalar los restaurantes y hoteles de categoría mínima de cuatro tenedores y cuatro estrellas, como precondición para la concesión, que otorga la Ley. Pero si mantienen una tradición cultural ó “cultura viva”, en sus albergues, en la culinaria, en sus vestidos, en los productos artesanales, en sus fiestas, música y danzas, en los conocimientos aplicados a su realidad, en la  filosofía de la vida, etc., que complementan los valores de los sitios y monumentos,  y  son, también, un atractivo turístico adicional cuando se respeta la integridad de nuestra herencia cultural nacional.

   Los sustentos culturales y sociales de la Ley atentan contra la conservación del patrimonio cultural de la nación por favorecer a los intereses económicos de un pequeño grupo social.

Por lo expuesto, porque arremete contra el patrimonio cultural de la nación, por  la falta de criterios técnicos y porque sólo ha considerado los intereses económicos de una minoría, la Ley 29164 debe ser derogada.

Para mejor apreciación, remitimos al lector a la "Declaración de Xi'an sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas patrimoniales", adoptada en la 15º Asamblea General de ICOMOS el 21 de octubre de 2005

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Última modificación: 02 de julio de 2008